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En el juicio por la expropiación de la petrolera, el Departamento de Justicia estadounidense apoyó la apelación del Estado argentino. A su vez, el fondo Burford admitió que no quiere quedarse con las acciones de la empresa, pero exige una garantía.
19/07/2025El caso judicial por la expropiación de YPF sumó este viernes dos giros de alto impacto. Por un lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York un escrito en respaldo a la Argentina. Por otro, el fondo Burford, beneficiario del fallo de US$16.100 millones, sorprendió al declarar que no tiene interés en quedarse con las acciones de la petrolera estatal, pese a haberlas reclamado insistentemente durante el juicio.
El respaldo norteamericano fue presentado mediante un amicus curiae que rechaza el fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a entregar el 51% de YPF. “El Tribunal debería suspender la orden de transferencia a la espera de la resolución definitiva de la apelación de la Argentina”, señalaron desde el gobierno estadounidense.
Entre sus argumentos, el Departamento de Justicia advirtió que forzar la entrega de acciones podría lesionar la inmunidad soberana de la Argentina y sentar un precedente negativo para las relaciones exteriores de
EE. UU. “La confiscación por parte de un tribunal de la propiedad de un Estado extranjero puede resultar en una afrenta específica a dicho soberano”, alertaron.
En paralelo, Burford notificó a la Corte de Apelaciones que no pretende administrar la compañía, sino cobrar el fallo. “Buscarán la mejor manera de devolver las acciones”, explicó el consultor Sebastián Maril. Sin embargo, el fondo insiste en que la Argentina no debe apelar sin ofrecer garantías. Una de las alternativas sugeridas es la que ya habían planteado en 2023: entregar la mitad de las acciones de YPF y ceder derechos de cobro sobre la deuda de Yacyretá.
Desde la Procuración del Tesoro celebraron el respaldo estadounidense como un “hecho significativo” y destacaron que se logró bajo dos administraciones distintas: las de Joe Biden y Donald Trump. “Refleja una política exterior coherente y orientada a la defensa del interés nacional”, afirmaron.
El escenario judicial se mantiene abierto. El país tiene plazo hasta el 22 de julio para presentar sus argumentos. Luego, la Corte decidirá si congela o no la orden de entrega de acciones hasta que se resuelva la apelación.
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