La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del diputado nacional y dirigente social Juan Grabois por el ingreso al inmueble donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón y mantuvo el embargo de $5 millones sobre sus bienes.
La Sala I rechazó la apelación presentada por la defensa del dirigente y ratificó la resolución dictada el 26 de junio, que lo consideró penalmente responsable, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, por los delitos de usurpación y resistencia a la autoridad
La causa se originó por los hechos ocurridos el 7 de junio de 2025 en el inmueble de Austria 2593, en la Ciudad de Buenos Aires, donde había funcionado el Instituto Juan Domingo Perón hasta su cierre por el Decreto 346/25.
Según la resolución, Grabois había difundido el día anterior una convocatoria en las redes sociales X e Instagram para concurrir al lugar bajo la consigna “defendamos el Instituto Juan Domingo Perón y el Bar ‘Un café con Perón’”.
Los camaristas señalaron que los testimonios policiales y las grabaciones incorporadas al expediente ubicaron a Grabois en el lugar y a la cabeza del grupo que ingresó al inmueble estatal. También indicaron que las personas que participaron provocaron daños en las instalaciones y permanecieron allí pese a las órdenes de los funcionarios públicos.
El tribunal sostuvo que Grabois ingresó al inmueble junto con un grupo de personas convocadas por él y luego se negó a abandonar el lugar ante las órdenes policiales. En ese marco, consideró que las figuras de usurpación y resistencia a la autoridad pueden comprender, en esta instancia, las conductas atribuidas al dirigente.
La Cámara aclaró que la calificación legal es provisoria y podrá ser revisada durante el proceso. El fiscal había planteado una calificación diferente para los hechos, aunque no apeló los procesamientos.
Además, los jueces consideraron adecuado el embargo de $5 millones dispuesto sobre los bienes de Grabois, al entender que su cuantía se ajusta a los parámetros procesales destinados a garantizar una eventual pena pecuniaria, las responsabilidades civiles y las costas.
La Sala I confirmó así la resolución apelada en todo cuanto había sido materia de recurso. En el mismo fallo ratificó también el procesamiento de Valentín Peralta y rechazó el pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para intervenir como amicus curiae.
