La Justicia decretó la quiebra de SanCor luego de que la propia empresa solicitara esa medida al reconocer que no podía hacer frente a sus obligaciones económicas. La decisión pone fin al concurso preventivo iniciado en febrero de 2025, que había sido presentado como una alternativa para ordenar sus deudas y sostener la actividad. Sin embargo, el proceso no logró cumplir ese objetivo y terminó profundizando el deterioro financiero de la cooperativa.
SanCor tampoco resistió: la Justicia confirmó la quiebra de la histórica cooperativa láctea
El fallo encuadra el caso como una “quiebra indirecta por frustración anticipada”, ya que el intento de reestructuración fracasó antes de alcanzar un acuerdo viable con los acreedores. En ese sentido, la resolución judicial deja en claro que la empresa no pudo revertir su crisis estructural y que la situación se volvió insostenible incluso mientras se desarrollaba el proceso concursal.
Los números del expediente reflejan la magnitud del colapso económico. La empresa acumulaba un pasivo cercano a los US$120 millones y mantenía compromisos con más de 1.500 acreedores, lo que complejizó cualquier negociación. A esto se sumó un agravante clave: durante el concurso, la deuda siguió creciendo a un ritmo aproximado de $3.000 millones mensuales, lo que terminó por deteriorar aún más su capacidad de recuperación.
Entre las principales obligaciones impagas se destacan $12.788 millones en salarios adeudados, $6.349 millones en deudas impositivas y previsionales, $3.380 millones correspondientes a obras sociales y sindicatos y más de $13.313 millones en compromisos comerciales. Este cuadro financiero evidencia no solo un problema de liquidez, sino también una pérdida sostenida de viabilidad operativa en el mediano plazo.
Pese a la quiebra, el juez resolvió que la empresa continúe funcionando de manera provisoria mientras avanza el proceso judicial. La medida busca evitar un impacto inmediato sobre los más de 900 trabajadores y, al mismo tiempo, reducir las consecuencias negativas para proveedores y acreedores vinculados a la actividad productiva.
En paralelo, el fallo establece que los bienes de la compañía quedan bajo la administración de síndicos, quienes deberán preservarlos en condiciones adecuadas para su posterior venta. En ese marco, se prevé la apertura de un proceso de licitación para las plantas industriales, que podrían ser adquiridas en conjunto o de manera individual, lo que definirá el futuro de los activos de la cooperativa.



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