La comisión Libra define su futuro y aparece el Juicio Político a Milei en el horizonte

La comisión investigadora del cripto escándalo Libra tendrá mañana su última oportunidad para designar autoridades, y en su defecto, si se mantiene el "empate paralizador" entre los dos bandos en pugna, la oposición impulsará el juicio político al presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados.

Ante la acefalía imperante, la reunión de este miércoles a las 16 hs será coordinada por el secretario administrativo, Adrián Pagán, que fue la solución para salir del paso que ofreció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a los jefes opositores, que aceptaron la propuesta.

Unión por la Patria convocó a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, imputada en la causa a raíz de su involucramiento en la coordinación de las reuniones de su hermano con los empresarios cripto que organizaron la monumental estafa, quienes incluso habrían pagado dinero a la funcionaria para garantizar la promoción presidencial de Libra, según la principal línea de la investigación judicial.

El propio Pagán le cursó la invitación a Karina Milei mediante el sistema TAD el miércoles al caer la tarde, unas horas después de la marcha multitudinaria que inundó la Plaza de Mayo para acompañar a Cristina Kirchner tras la confirmación de la condena en su contra. 

Sin embargo, nadie en la oposición abriga expectativa alguna de que la integrante del “Triángulo de Hierro” concurra, ya que no se expone a ninguna sanción en caso de desistir el convite.

Tampoco se esperan las presencias de otros citados como los cripto empresarios y organizadores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ni la del ex director de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales.

Mucho menos se aguarda la presencia de Milei, requerida por el Frente de Izquierda, que además citó, entre otros, a Hayden Davis.

El joven empresario estadounidense, a quien le llegó la convocatoria a través de sus abogados patrocinantes en la Argentina, podría eventualmente conectarse por zoom a la audiencia, pero sería todo una sorpresa que lo hiciera.

Sí estará el periodista especializado en economía Alejandro Bercovich, quien realizó una profunda investigación, al igual que su colega Irina Hauser, que también confirmó asistencia.

Encuentro Federal invitó a los tecnófilos y especialistas en sistemas Fernando Molina y Santiago Siri, quienes concurrirán al igual que los querellantes Martín Romero y Maximiliano Firtman, éstos dos últimos convocados por Unión por la Patria.

Democracia para Siempre, por su parte, no pudo confirmar a sus invitados: el director de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo.

En las dos reuniones anteriores, el oficialismo y los integrantes de los bloques aliados (PRO, UCR, Liga del Interior e Innovación Federal) se abroquelaron para sostener la postulación de Gabriel Bornoroni a la presidencia de la comisión.

Esta cifra igualó la acumulada por la peronista Sabrina Selva, apoyada por el conglomerado opositor. 

La paridad neutraliza el funcionamiento de la comisión, que sin autoridades elegidas no puede darse un plan serio de trabajo.

La presidencia de la comisión establece las reglas del juego: maneja los tiempos, arbitra en las controversias, solicita oficios, dispone medidas y citaciones, y lo más importante, desempata votaciones igualadas.

Por eso, de extenderse esta inercia paralizante, la comisión Libra podría extinguirse por sí misma, ya que en el estado actual, sin un presidente elegido, no puede cumplir las funciones establecidas en la ley que le dio creación. 

En retrospectiva, podría decirse que es un órgano que nació muerto: la fórmula matemática para la distribución de los miembros de la comisión demostró ser inadecuada y condiciona la existencia misma de una apuesta opositora fallida, condenada a perecer prematuramente.

A raíz de la cerrazón oficialista y el punto muerto en que se encuentra empantanado el debate, los bloques de la oposición dialoguista, enfurecidos por esta situación, amenazaron con agitar la carta del juicio político, que había sido presentado por Unión por la Patria apenas se destapó la olla del cripto escándalo el 14 de febrero pasado.

Los bloques de la oposición habían desestimado ese instrumento, por considerar que era desproporcionado y que podía desembocar en consecuencias institucionales graves e irreversibles. 

El tiempo transcurrido desde entonces parecen haber modificado la tesitura de estas bancadas, cansadas del juego de obstrucción que practica el oficialismo para que la comisión no pueda elegir autoridades.

Para activar el plan del juicio político, resultará necesario, en primer lugar emplazar a la comisión homónima, cuyas autoridades elegidas fueron desconocidas por Menem, lo que introduce un elemento de complejidad.

En esa ocasión, el entonces presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, dio el visto bueno a la conformación de la comisión con la diputada Marcela Pagano a la cabeza, con el aval del resto de las fuerzas políticas representadas en ese ámbito.

Sin embargo, la postulación de la ex periodista no había sido debatida internamente en el bloque libertario, y Pagano era resistida por Karina Milei.

Para desconocer a Pagano, Menem se escudó en una nota que había enviado un minuto antes del horario en que estaba citada la reunión constitutiva de Juicio Político.

A partir de ese momento, el vínculo del riojano con Pagano se rompió sin retorno, y la diputada siguió presionando sin éxito durante meses para que la reconocieran como presidenta de la comisión.

El primer desafío para la oposición será emplazar a la comisión y formalizar las autoridades, sea con Pagano al frente o con otra figura.

A diferencia de la comisión Libra, donde la correlación de fuerzas está equiparada, en Juicio Político la oposición ostenta una mayoría y podría capitalizar esa ventaja.

Además, las citaciones para un juicio político son de cumplimiento compulsivo y en caso de reticencia del invitado, se puede requerir la comparecencia forzada a través de la fuerza pública, previo apercibimiento.