La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un proyecto que habilita a la Policía Federal a “patrullar” las redes sociales y sitios web públicos sin autorización judicial.
07/06/2025
Ml Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, presentó un proyecto para modificar de forma integral la Policía Federal Argentina. La iniciativa plantea cambios en la Ley Orgánica de la fuerza con el objetivo de reforzar su rol en la investigación de delitos federales y complejos, pero también incorpora medidas polémicas que ya generaron preocupación en distintos sectores.
Entre los puntos más controvertidos del proyecto se destaca el permiso para que la Policía Federal realice tareas de inteligencia preventiva en redes sociales, sitios web y otras plataformas digitales abiertas, sin necesidad de una orden judicial. Aunque el texto aclara que se deberán respetar los derechos a la intimidad y la libertad de expresión, abogados y especialistas en derechos humanos advierten sobre el riesgo de una vigilancia masiva encubierta.
Facultades ampliadas, control reducido
Además del monitoreo en el ciberespacio, el proyecto contempla la posibilidad de detener a personas sin orden judicial si existen “circunstancias fundadas” de que podrían cometer un delito y no acreditan su identidad. Las personas retenidas podrán ser conducidas a dependencias policiales por un “tiempo mínimo”, con posterior notificación a la Justicia.
El proyecto también propone la creación de nuevos departamentos de investigación dentro de la PFA, con especial foco en narcotráfico y crimen organizado, e impulsa un crecimiento anual del 10% en la cantidad de efectivos en el interior del país. Según fuentes de las fuerzas de seguridad, aunque la propuesta fue enviada a Gendarmería y Prefectura, se aplicaría exclusivamente a la Policía Federal.
Mientras desde el Ministerio justifican la reforma con el argumento de combatir el cibercrimen y replicar modelos de seguridad internacional, organizaciones sociales advierten sobre el debilitamiento del control judicial y el riesgo de medidas que podrían derivar en abusos. Con el aval político de Bullrich, el proyecto avanza en nombre del orden, pero su letra chica plantea serias dudas sobre la posible cesión de derechos en nombre de la seguridad.
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