Una avería en su Alpine lo dejó fuera de carrera en la vuelta 31, mientras Max Verstappen se quedó con la victoria.
Gobernadores se acercan a Milei y le blindan el modelo
Las negociaciones incluyen un fondo discrecional de 6.400 millones de dólares para 2027 y acuerdos electorales a cambio de apoyo parlamentario.
El gobierno de Javier Milei sumó la semana pasada una nueva victoria parlamentaria. Por ocho diputados, la oposición no pudo lograr quórum para voltear el DNU 70/23. Los legisladores que pudieron haberlo hecho responden a gobernadores, lo que dejó en claro cómo juegan los mandatarios provinciales.
Quienes apoyaron el jueves pasado al Ejecutivo nacional fueron los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Son mandatarios que aspiran a asociarse electoramente con el oficialismo nacional el próximo año. Además, debido al ajuste de Milei y la caída de la actividad económica, tienen urgencias financieras que solo el Estado nacional puede atender, enmarcada en una forma de negociación de látigo y billetera implementada por parte de la gestión de La Libertad Avanza.
Para eso, la administración libertaria incorporó al proyecto del Presupuesto 2027 un incremento en términos reales (considerando la inflación) de 120% en la partida de “Obligaciones a cargo del Tesoro”. En total, son casi $15 billones en 2027, unos 10.000 millones de dólares la tercera partida más importante del presupuesto, detrás de Capital Humano y del Servicio de la Deuda Pública.
Más de la mitad de esos fondos, $7,7 billones, quedan bajo el concepto “Otras asistencias financieras”, lo que habilita un reparto con total discrecionalidad. Si a eso se agregan los $1,9 billones correspondientes al fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuya distribución no está prevista en el presupuesto, el Estado nacional dispondrá de $9,6 billones, unos 6.400 millones de dólares, para negociar con los gobernadores.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, propuso que parte de esos fondos se usen para garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Sería muy importante que, en lugar de apelar el fallo de primera instancia, el Gobierno utilice los fondos de ‘Otras Asistencias Financieras’ para resolver la situación crítica que atraviesa el sistema universitario”, explicó.
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Las negociaciones incluyen un fondo discrecional de 6.400 millones de dólares para 2027 y acuerdos electorales a cambio de apoyo parlamentario.
