El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se movilizan este martes a las 16 al Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilita la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023.
La resolución del máximo tribunal permite que avance la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que establece, entre otras restricciones, un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional. La decisión lleva la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La Corte no se pronuncia sobre la constitucionalidad del artículo del DNU, sino que centra su decisión en una cuestión procesal y sostiene que el CECIM La Plata no cuenta con legitimación para impulsar la acción judicial que había frenado la aplicación de la medida. De esta manera, queda nuevamente habilitado el camino para la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros sin los límites establecidos por la legislación vigente.
Frente a este escenario, el CECIM convoca a la movilización junto a las centrales obreras y organizaciones de Derechos Humanos. Durante una conferencia de prensa conjunta, el vicepresidente de la entidad, Hugo Robert, cuestiona la decisión y advierte que el fallo "abre una ventana de negocios multimillonarios" que puede beneficiar a grandes empresarios e inversores extranjeros.
Desde la CTA de los Trabajadores, su secretario general y diputado nacional, Hugo Yasky, sostiene que la movilización expresa el rechazo a "gobernar por encima de las leyes" y cuestiona el rol de la Corte frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
En la misma línea, el secretario general adjunto de CTERA, Roberto Baradel, recuerda que la sociedad se moviliza contra la extranjerización de las tierras, que el Congreso frena esa posibilidad y que ahora el fallo judicial vuelve a abrir esa discusión.
Por su parte, la presidenta de la APDH, Mariela Pérez Cisneros, advierte sobre el riesgo de que durante el período previo a un eventual tratamiento legislativo del DNU se concreten operaciones que impliquen una "extranjerización ilimitada de la tierra".
