Fentanilo contaminado: ordenaron detener a Ariel García Furfaro

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó hoy la detención del empresario Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. que evalúa entregarse a la Justicia, en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado, y además solicitó allanamientos. Se espera que en las próximas horas se realicen las declaraciones indagatorias.

El magistrado pidió las capturas de los hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios y ya fueron apresados.

Además, Kreplak también solicitó los arrestos, los cuales ya fueron concretados, de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano, todos detenidos al igual que los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

Se espera que en las próximas horas todos los arrestados, directivos y responsables técnicos, presten declaración indagatoria por posibles desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo.

Los allanamientos fueron llevados a cabo por la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

García Furfaro se encontraría camino a entregarse a la Justicia para ponerse a disposición de la causa. La Policía se había dirigido a su domicilio en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, pero no lo encontraron.

La medida fue aceptada por el juez luego de hacer lugar al pedido formulado hoy por la fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal Nº1 de La Plata, María Laura Roteta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias.

"El pedido incluyó un dictamen anexo, suscripto por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que impulsa la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios", informaron las autoridades.

“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal Roteta en el dictamen, al tiempo que advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada.

Según el dictamen fiscal, las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas. A su vez, se consideró acreditada la relación entre los contagios y el fallecimiento de una serie de víctimas a cuyo respecto se practicaron los necesarios exámenes periciales.

“Estamos frente a un caso dramático, grave, que exige una actuación rápida pero también rigurosa y profesional”, remarcaron los fiscales. 

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.